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Un grupo de manifestantes, en una protesta realizada el pasado 14 de agosto, reclamó la renuncia de la presidenta de facto de Bolivia.

Un grupo de manifestantes, en una protesta realizada el pasado 14 de agosto, reclamó la renuncia de la presidenta de facto de Bolivia. | Foto: EFE

Publicado 21 agosto 2020


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El acuerdo político para poner fin a la huelga instruida por la Central Obrera Boliviana (COB) dio paso a la persecución contra los dirigentes.

Organismos de derechos humanos advirtieron sobre un recrudecimiento de la persecución política contra sindicatos y movimientos sociales de Bolivia, luego que la Fiscalía del país suramericano anunció el jueves que recibió 33 demandas de proceso penal contra dirigentes de esos sectores.

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Las demandas se interpusieron por la reciente huelga general que se llevó a cabo en Bolivia y que incluyó el cierre de carreteras para exigir seriedad en el proceso electoral, el cual se ha pospuesto en varias ocasiones este año.

La huelga instruida por la Central Obrera Boliviana (COB) y por diversas organizaciones sociales logró un acuerdo político, cuyo garantes internacionales son Naciones Unidas y la Unión Europea, para que se realicen elecciones este año, Sin embargo, el acuerdo dio paso a la persecución contra los dirigentes.

El fiscal general de Bolivia, Juan Lanchipa, informó este jueves que ha recibido 33 denuncias hasta la fecha “en contra de actores sindicales, políticos y cívicos”.

“Estas denuncias hacen referencias a varios tipos penales, dentro de los cuales podemos citar delitos contra la salud pública, organización criminal, instigación pública a delinquir”, detalló.

El secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores Mineros, Orlando Gutiérrez, denunció que el Gobierno de facto lleva a cabo una persecución política “queriendo amedrentar, queriendo callar la voz del pueblo, la voz de los dirigentes”.

Los sindicatos adelantaron que presentarán una denuncia internacional por la persecución a sus dirigentes y advirtieron que también adoptarán medidas internas para defender el fuero sindical, que está protegido por la Constitución política del Estado.

Las organizaciones sindicales y sociales bolivianas están declaradas en vigilia para garantizar que las elecciones generales se realizarán el 18 de octubre próximo, como está decidido por una ley expresa.


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