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Los especialistas han alertado sobre las implicaciones sociales que tendrá el acuerdo. "No es de extrañar que los mismos acreedores que no quieren pactar con Argentina, se apresuren a hacerlo con Ecuador", razonaron.

Los especialistas han alertado sobre las implicaciones sociales que tendrá el acuerdo. "No es de extrañar que los mismos acreedores que no quieren pactar con Argentina, se apresuren a hacerlo con Ecuador", razonaron. | Foto: EFE

Publicado 3 agosto 2020


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Según expertos, la renegociación trae pérdidas financieras y de calidad de los servicios públicos para los ecuatorianos.

El presidente de la República del Ecuador, Lenín Moreno, dio a conocer que las negociaciones con los acreedores para reestructurar la deuda pública se saldó con el acuerdo de aceptar la propuesta presentada por el Gobierno.

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Según el anuncio, hecho por Moreno a través de la red social Twitter, la mayoría de los acreedores dio el visto bueno al acuerdo presentado por el Ejecutivo como “una gran victoria”. Asimismo, se informó que se extiende el plazo para que el resto de los tenedores de bonos de deuda se sumen al acuerdo.

Este acuerdo busca la reducción de 1.540 millones de dólares del capital de la deuda; el alivio en el flujo por más de 10.000 millones en los próximos 5 años; la disminución de la tasa de interés promedio del 9,2 al 5,3 por ciento y otros beneficios.

Sin embargo, analistas de políticas públicas y crediticias alertan que el pacto en realidad perjudica a la nación ecuatoriana. El economista y asesor financiero ecuatoriano Juan Pablo Jaramillo estimó que los bonistas comprarán la deuda pública al 50 por ciento de su valor y recibirán del Estado el 92 por ciento, con la consecuente pérdida para el erario público del país.

Por otra parte, un grupo de exmiembros de la Comisión de Auditoría Integral de Crédito Público (CAIC), adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas del Ecuador, publicó el pasado 30 de julio una carta donde denuncian las afectaciones que provocará al pueblo de ese país el mencionado acuerdo.

El documento, firmado por Hugo Arias, María Lucía Fattorelli, Piedad Mancero, Alejandro Olmos, Ricardo Patiño, César Sacoto, Eric Toussaint y Ricardo Ulcuango, detalla que la reestructuración implica que Ecuador negociará los bonos de deuda a su valor nominal, es decir, al precio que tenían antes del inicio de los efectos de la pandemia.

Refiere el documento, que para el 31 de marzo de 2020, los bonos de deuda se cotizaban entre 20 y 25 centavos por dólar. Mientras que en el entorno del 19 de mayo su valor era de 35 centavos por dólar. Sin embargo, la deuda será negociada con base en el primer valor.

Los expertos denuncian también que este aspecto no se limita a la pérdida financiera que representa para el país, sino que es una violación de la Constitución ecuatoriana, la que prohíbe la capitalización de la deuda, que es lo que está haciendo el Gobierno.

De igual forma, los especialistas plantean que, conforme a la Carta Magna del Ecuador y en consonancia con protocolos internacionales, las negociaciones inherentes a la deuda pública deben hacerse sin que “los servicios públicos que garantizan los derechos humanos pierdan calidad ni cobertura”.

Este precepto constitucional, al decir de los firmantes, no será respetado, pues, como parte del acuerdo, el Gobierno se compromete a firmar un “acuerdo a nivel técnico” con el Fondo Monetario Internacional (FMI), “lo que a toda luz representará una sucesiva violación de los derechos económicos, sociales y culturales del pueblo ecuatoriano”, reza el documento.

Ninguna de estas cuestiones fue informada al pueblo ecuatoriano por parte de las autoridades, al presentar el acuerdo de renegociación de la deuda, de acuerdo a lo expresado por los autores del documento.


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